LA LINDE, 5-2015.

Construyendo Memoria Social:

 

 

POLÍTICAS DE MEMORIA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA:

del pacto de silencio al año de la Memoria Histórica

 

                                                      Helena Villasante ClaramonteHistoriadora y

documentalista del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia.  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

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Viñeta de Manel Fontdevila


RESUMEN.- En el año 1975 el Estado español tuvo que afrontar el reto de gestionar un pasado reciente marcado por la violencia, el autoritarismo y la falta de derechos. Durante los primeros años predominó un “pacto de silencio” sobre el pasado para evitar que éste influyera en la construcción de la democracia. A partir de los 80 aparecieron las primeras políticas de memoria, pero fue la fundación de la ARMH y el movimiento para la recuperación de la memoria histórica lo que fomentó una mayor implicación del Estado. La aparición de ésta y otras asociaciones articuladas para cubrir el vacío dejado por el Estado ha provocado multitud de controversias y debates en el espacio público. Gracias a su acción, se aprobó la ley 52/2007 “de memoria histórica”, que a pesar de ser insuficiente, sentó las bases legales y económicas para una de las iniciativas más importantes: las exhumaciones de fosas.

PALABRAS CLAVE.- Memoria histórica, transición, Franquismo, exhumaciones

 

ABSTRACT.- In 1975 Spanish state had to face the challenge of the management of a recent past marked by the violence, the authoritarianism and the lack of civil rights. During the first years of the Spanish Transition a 'silence pact' about the past prevailed in order to prevent its influence in democracy's construction. First memory policies appeared in the 80 decade, but what encouraged a greater implication of the Spanish state was the foundation of ARMH (Historical Memory Recover Association) and the movement for the recovery of historical memory. The appearance of this and other associations that intended to cover the vacuum leaved by the state have caused a multitude of debates and polemics in the public space. One of the consequences of its action was the approval of the law 52/2007 "about historical memory", that even being insufficient, established the legal and economical basis for one of the most important initiatives: grave's exhumation.

KEY WORDS.- Historical memory, transition, Franco regime, exhumations

 

 

El pacto de silencio (1975-1980)

Según Gabriele Ranzato, en la Transición se puso de manifiesto la imposibilidad del nuevo sistema democrático de condenar realmente el régimen dictatorial anterior, acabar con sus símbolos y castigar y depurar a sus funcionarios, pues a la muerte de Franco, el régimen todavía tenía suficiente peso para oponerse a ello. Según el autor, existió una “amenazadora continuidad del franquismo más allá de Franco que ha contaminado el proceso democrático español” (Ranzato, 2007:96). No sólo no se eliminaron los símbolos de la dictadura sino que aparecieron nuevos ejemplos, como en el caso de Guadalajara, donde en 1976 el gobernador franquista de la provincia instaló una estatua ecuestre de Franco en la plaza del ayuntamiento, inaugurada el día del cumpleaños del dictador (Bernecker, 2009).


La inexistencia de una ruptura profunda que eliminase la cúpula política franquista y diera un giro político-cultural, produjo una Transición con grandes carencias cuyas consecuencias reaparecen hoy en la sociedad. Se extendió entre políticos y ciudadanos la idea de que la única forma de construir un sistema democrático era mediante un consenso generalizado que evitara reabrir heridas del pasado. El perdón pasaba por reconocer la corresponsabilidad de ambas partes en el conflicto y renunciar a un ajuste de cuentas por parte de los que habían sufrido la represión durante cuarenta años, evitando las referencias a los crímenes cometidos. Durante décadas, el pasado de la guerra y de la dictadura desapareció del debate político en un esfuerzo por mirar hacia el futuro, pues estaba extendido el miedo a que estallara un nuevo conflicto civil, por la inestabilidad provocada por el cambio político, la crisis del petróleo o intentos de golpe de Estado como la Operación Galaxia. Muchas personas creyeron en el olvido como condición básica para la paz y la estabilidad, idea que se materializó en la Ley de amnistía de 1977. La generación que había vivido la guerra fue la que se mostró en general más proclive al olvido, al pacto de silencio y al reparto de culpas en aras de la reconciliación. Por ello, señala J. Reig Cruañes, en este periodo fueron fundamentales, además de la acción de las élites políticas, individuos y colectivos que asumieron el pacto de silencio como condición indispensable para la estabilización de la democracia (Reig Cruañes, 2009). Esta actitud está muy relacionada con las memorias de la violencia y el trauma de quienes fueron niños y niñas en la posguerra, que proyectan sus miedos en el proceso de cambio.


En las escuelas, explica Carolyn P. Boyd, en los primeros años tras la muerte de Franco se mantuvo cierta continuidad con la memoria dominante en el tardofranquismo, como la idea de guerra entre hermanos, en consonancia con el compromiso de silencio en la Transición. Este pacto de equiparación es la evidencia del “equilibrio de poder durante la Transición, favorable a la derecha” (Boyd, 2006:92), que impidió una crítica profunda del pasado. El reparto de culpas con el que muchos autores han caracterizado la Transición, ha sido objeto de numerosos debates sobre su influencia en las políticas de memoria llevadas a cabo por el Estado democrático. También existe otra visión que, como Ranzato, defiende que la historia no ha de ser maniquea, sino que debe repartir las responsabilidades, pues el que ambas partes acepten su culpa, atenúa la injusticia y contribuye a superar las secuelas del pasado (Ranzato, 2012). Pero quienes sufrieron la violencia del franquismo afirman sentirse olvidados por el Estado democrático, injustamente tratados por las políticas de memoria y profundamente marcados por los traumas. Por ello, critican las explicaciones sesgadas del pasado y piden una verdadera reparación social y moral.

 

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Propaganda electoral de UCD. La apuesta por el centro se presentó como la mejor opción para evitar los conflictos del pasado. Fuente: jadonceld.blogspot.com.es

 


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El país. Los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero (de pie de izquierda a derecha). Sentados, Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura. Fuente: elpais.com


A partir de la Constitución de 1978, todavía se mantuvo el discurso de lucha nacional trágica entre “las dos Españas”; un enfrentamiento entre dos concepciones diferentes que equiparaba a los bandos implicados. Predominaba una sensación de cautela a la hora de hablar de la guerra y se evitaron las referencias a la represión o a las víctimas de la violencia. Sin embargo, se observa un mayor análisis científico y empezaron a aparecer tímidas referencias a la guerra o incluso a la República: algunos libros de texto comenzaban a hablar de ésta y de sus reformas (Boyd, 2006) y el cine documental empezó a mostrar la visión de la España republicana tras tantos años de silencio, con producciones como La vieja memoria (1977) o ¿Por qué perdimos la guerra? (1978). Tampoco hay que olvidar el trabajo de la historiografía, que desde los años 80 trató de estudiar en profundidad todos los aspectos que quedaron de lado durante la dictadura, publicándose grandes obras de referencia. Sin embargo, todavía faltaba entonces mucha investigación y nuevas vías pues, como señala Bernecker, casi todas las iniciativas de recuperación de la memoria republicana se produjeron entre 1978 y 1981, y fueron paralizadas durante 20 años a partir del 23 F (Bernecker, 2009), dejando muchas cuestiones pendientes.


En 2003 surgió un debate entre los historiadores sobre si hubo olvido o no de la guerra durante la Transición, a partir de un artículo de Santos Juliá publicado en Claves de razón práctica en el que afirmaba que durante la Transición no se produjo un olvido de la guerra civil (Juliá, 2003). Más que olvidar, habla de “echar al olvido”, pues según él, se quiso “recordar un pasado con el propósito de clausurarlo, de que no impida tomar las decisiones que se consideran obligadas en el presente para abrir vías al futuro […]. Echar al olvido es todo lo contrario de amnesia y no se reduce a soslayar ni dejar de lado el pasado” (Juliá, 2007:13). Esta idea es apoyada por Mercedes Yusta o Gabriele Ranzato, que niegan que la Transición fuera una época de olvido, pues a partir de los años sesenta se había producido una explosión de publicaciones sobre la guerra. No quedó terreno alguno sin explotar (Juliá, 2007:13).


Juliá señala el gran interés por las cuestiones de la guerra y enumera multitud de obras historiográficas, películas, exposiciones, memorias e incluso revistas de divulgación como Historia 16 o semanarios como Interviu, que publicó reportajes sobre las primeras exhumaciones de fosas comunes. Explica que la amnistía general implicaba la “clausura del pasado de guerra y dictadura” y que la ley no fue realmente un obstáculo para investigar el pasado. Incluso añade que los familiares de las víctimas que se hallaban en fosas comunes durante la Transición visitaban estos lugares, sabían lo que había ocurrido; no lo olvidaron aunque no los desenterraran (Juliá, 2006). También argumenta que ya se empezaron a abrir fosas en 1977, aunque expertos como Francisco Espinosa y Francisco Etxebarría han llamado la atención sobre las condiciones en que se hizo (falta de expertos, ausencia de protocolos científicos y de material adecuado), lo cual denota falta de implicación del Estado.


Por su parte, Ranzato, que coincide con Juliá en rechazar la idea del olvido de la Transición, cree que ese olvido es necesario; que ha de llegar y debe basarse en un acto de generosidad hacia los que ejercieron la violencia en su momento (Ranzato, 2012). Aunque reconoce que se produjeron importantes obras de hispanistas como Hugh Thomas, Stanley G. Payne o Gabriel Jackson, afirma que fue una pequeña parte de la sociedad española la que pudo acceder a ellas incluso en clandestinidad, por lo que su difusión fue limitada (Ranzato, 2007). En la misma línea explica Antonio Segura que el que existiera mayor conocimiento de la represión en el ámbito historiográfico no implica un reconocimiento social e institucional de las víctimas, ni políticas de memoria estatales (Segura, 2009). El hecho de que revistas como Interviu tuvieran un gran nivel de ventas cuando trataban cuestiones de la guerra, según Espinosa, demuestra una vez más el escaso papel del Estado en la difusión de su conocimiento, que lleva a los ciudadanos, interesados en conocer e informarse, a buscar fuentes de información. Este autor, pone de manifiesto las grandes dificultades burocráticas, la ambigüedad legal y las arbitrariedades de los encargados de los archivos con el que todavía hoy han de enfrentarse los investigadores para acceder a las fuentes sobre la represión y la violencia. Incluso pone de manifiesto la oposición del Estado a la apertura de los archivos, citando el acto de destrucción del archivo de la Audiencia Provincial de Salamanca en 1982, ante el cual, no hubo sanciones ni denuncias públicas.


Por otra parte, existe otra postura que habla de olvido durante el proceso de transición. Según Francisco Espinosa, “no se planteó realmente saber cómo se produjo la destrucción de la República y cómo se implantó el golpe militar”. Aunque se publicaron obras sobre el periodo 1936-1939, [los trabajos de investigación] “fueron muy escasos, predominando las publicaciones de memorias y testimonios” (Espinosa, 2007). En esta misma línea, Bernecker cree que todavía hoy “muchos aspectos de la guerra civil […] son páginas blancas de la historia reciente” (Cit. Bernecker en Espinosa, 2007).En lo que coinciden los expertos es en que desde el Estado se eludieron las referencias al régimen republicano para evitar que la democracia se enlazara con el régimen democrático anterior, por la oposición a la república que se había creado en los años treinta. Esto puede ser un síntoma de la persistencia de la interpretación franquista de la guerra como una reacción necesaria ante la radicalización de la República por lo que, si se asociaba a la nueva democracia, ésta podía tener el mismo final.


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Viñeta de Eneko


De las primeras rupturas del silencio al regreso del pasado en el debate público (1980-2006)

La no implicación del Estado en las políticas de memoria provocó cierta sensación de decepción entre quienes esperaban que la democracia supusiera una mayor consideración con las víctimas de la violencia política. A pesar de los intentos que desde la política se hicieron por mantener la concordia entre los ciudadanos, dejando de lado ese pasado traumático, en muchos ámbitos todavía pesaban traumas y preguntas sin resolver que fueron creando un gran interés por conocer lo ocurrido entonces.


En los años ochenta, un grupo de historiadores como Espinosa, Casanova, Rodrigo, Ledesma y Vinyes se introdujo en el estudio de la represión enfrentándose con grandes dificultades políticas e institucionales. Inauguraron una etapa, que según Bernecker se caracteriza por el protagonismo de la historiografía académica y el conocimiento científico críticos con el pasado, en contraposición a la manipulación histórica habida durante la guerra y la dictadura. Además el cine documental, que desde los años setenta ya mostraba aspectos de la guerra fuera del discurso de la dictadura, tuvo también un importante papel social en la década siguiente. Con un lenguaje satírico transmiten el absurdo de la guerra con obras como La Vaquilla (1985) o ¡Ay Carmela! (1990) (Bernecker, 2009). Tras las elecciones de 1982, la cuestión de la memoria y de las víctimas de la guerra se empezó a abrir camino en el debate público. Desde el Estado se llevaron a cabo ciertas iniciativas como la elaboración en 1984 de una ley que indemnizaba a las víctimas de la represión y concedía pensiones a los antiguos militares republicanos.


Pero fue por primera vez en 1996 cuando en los medios de comunicación y en el espacio público se extienden iniciativas hacia una recuperación de la memoria: se creó el Archivo de la Guerra y del Exilio y se celebraron actos de homenaje como el de las Brigadas Internacionales. No obstante, la memoria de la República siguió estando al margen, pues la imagen de ésta como causante de la guerra, difundida durante la dictadura, había calado profundamente en la sociedad y convertido la democracia republicana en un tema tabú fuera de los actos de memoria. Sin embargo, sí se siguió financiando la Fundación Francisco Franco que en 2001 recibió una subvención de 83.000€ por parte del gobierno del PP.



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Recorte de periódico sobre el homenaje a las Brigadas Internacionales en San Pedro de Cardeña (Burgos) el 9 de Noviembre de 1996. Fuente: thejailynews.blogspot.com.es


Aunque a partir de 1996 la historiografía empezó a mostrar gran interés por la guerra y se publicaron obras de gran calidad, también surgió el fenómeno revisionista, en el que individuos como Pío Moa o César Vidal recuperaron el discurso del franquismo de justificación de la guerra por la amenaza republicana (Ruiz Torres, 2011). Ante esto, muchos expertos han reivindicado el papel del historiador en la explicación del pasado, frente al maniqueísmo reduccionista que se da en este tipo de ámbitos extraacadémicos (Fernández Prieto, 2012).


Según el estudio de los libros de texto de Carolyn P. Boyd, los de la década de los noventa dedicaron mucho espacio a hablar de la historia más reciente: República, Guerra y Dictadura en el contexto de crisis europea de inicios del siglo XX. Esto responde la concepción de la educación histórica como herramienta para fomentar el pensamiento crítico, que contrasta con la visión de la historia en la dictadura como elemento justificador de la política. Los libros recogieron las investigaciones más recientes en historia social, económica y cultural (Boyd, 2006), e introdujeron la explicación de la dictadura, sus orígenes y la represión llevada a cabo, haciéndose referencia por primera vez a las víctimas hasta el momento silenciadas en los libros de texto y en otros espacios. Sin embargo, siguió habiendo diferencias con las publicaciones más conservadoras, que hacían menos hincapié en la represión y mantenían la visión de la guerra como tragedia nacional.


La imagen de la Segunda República y la guerra que tiene una amplia parte de la sociedad, actualmente, se corresponde con la transmitida por el franquismo, lo que muestra cómo el discurso de la dictadura penetró en los ciudadanos. La herencia antidemocrática y de manipulación histórica que dejó dificulta en gran medida el presente, el cambio de actitudes ciudadanas y las iniciativas políticas en cuestiones de memoria. Por este motivo, Carme Molinero señala que el hecho de que todavía existan individuos que públicamente afirman que la dictadura no fue muy represiva y que los ciudadanos podían continuar su vida de forma normal es una irresponsabilidad cívica (Molinero, 2006:227).


Con el cambio de siglo apareció en el espacio público el movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Este fenómeno social ha despertado el interés de expertos de diferentes ramas que analizan el impacto que está teniendo en la sociedad y en la política el hecho de que se muestre parte de la represión desconocida u olvidada hasta el momento. Con la fundación de la Asociación por la recuperación de la memoria histórica (ARMH), por iniciativa ciudadana, el debate sobre los desaparecidos y la apertura o no de las fosas comunes se instaló en el espacio público. Este movimiento tiene como objetivos principales la demanda de políticas de memoria y la reparación por parte del Estado, incluyendo una justicia que restituya a las víctimas, una investigación de los crímenes franquistas y la revisión de leyes como la de Amnistía de 1977. La idea sobre la que se articulan sus peticiones es el derecho de los familiares a saber. A partir del ejemplo de la ARMH han surgido otras iniciativas que en la misma línea trabajan en la búsqueda de fosas, identificación de los cuerpos y creación de espacios de memoria.

 

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Laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Fuente: memoriahistorica.org


También desde el mundo académico existen críticas al Estado por su falta de implicación en las políticas de memoria y por no facilitar la investigación de los crímenes. Creen que el Estado debería ocuparse de las exhumaciones; de que se anulen los juicios militares franquistas; de crear una Comisión de Verdad que investigue lo sucedido para reflejarlo en los libros de texto; de retirar los símbolos franquistas; de las compensaciones económicas y de la devolución del patrimonio expropiado tras la guerra; de las reparaciones morales y reconocimiento públicos de las víctimas; de hacer del Valle de los Caídos un lugar de memoria donde se refleje su verdadera historia y de la aprobación de una ley de memoria histórica que abarque todos los aspectos que la actual olvida (Egido, 2006).


Una de las tareas que debe correr a cargo del Estado es la creación de lugares de memoria; espacios para formar conciencia colectiva y democrática y fomentar una memoria activa a través de la participación de la sociedad en proyectos públicos que contribuyan a la reflexión sobre el pasado, particularmente el más traumático. Expertos como Antoni Segura, denuncian la falta en España de estos espacios de memoria que contribuyen a mostrar la brutalidad de la guerra y el horror de la población, de la misma manera que en Europa o en Latinoamérica existen cementerios militares de las guerras mundiales, espacios que recuerdan a los desaparecidos de las dictaduras o monumentos de recuerdo al Holocausto (Segura, 2009). En España el Franquismo promovió una memoria sesgada honrando a sus muertos a través de placas conmemorativas o inscripciones e ignorando los del otro bando. Sin embargo, hay pocos lugares de memoria que, impulsados por el Estado democrático, recuerden la violencia de la guerra y de la dictadura.


Autores que han estudiado la represión a nivel local como Francisco Espinosa, denuncian la falta de acceso todavía a muchos archivos, que hasta no hace mucho exigían un aval de persona idónea. Por ello, es de gran importancia para la investigación que el Estado cree un gran archivo nacional sobre la guerra civil y la represión1, con facilidades de acceso.


A pesar de la lentitud de las propuestas políticas y de los vacíos que todavía existen, con el nuevo siglo el Estado empezó a implicarse cada vez más en políticas de memoria y, durante unos años, fueron surgiendo nuevas iniciativas legislativas: en 2002 el Estado condenó oficialmente la rebelión militar de 1936 y al año siguiente la oposición propuso que se anularan los juicios sumarísimos, aunque el gobierno no aceptó. Sin embargo, con el cambio de gobierno de 2011 todas las iniciativas en esta línea han sido paralizadas, incluidas las relativas a las subvenciones para las exhumaciones.

 

2006, año de la memoria histórica

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, llamada “ley de memoria histórica”, trató de llenar algunos vacíos que la Transición había dejado en las políticas de memoria. La declaración de este mismo año como “año de la memoria histórica” fue interpretada por unos como una iniciativa que contribuía a la superación del pasado y por otros, como una actitud de ruptura con el consenso de la Transición. Esta ley reconocía a las víctimas de la represión del franquismo, obligaba a la retirada de los monumentos y nombres de calles que remitieran a la dictadura y permitía la apertura de las fosas comunes y ayudas para la financiación de estos proyectos. Con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la guerra civil y el franquismo se formularon multitud de peticiones de financiación de asociaciones y colectivos para las exhumaciones. Se reclamó una regulación de las indemnizaciones y pensiones para los familiares, la apertura de los archivos, la devolución de propiedades incautadas y el reconocimiento de los exiliados, torturados, víctimas de trabajos forzosos y maquis.

 

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Retirada de una placa denuna plaza madrileña dedicada al grito falangista “Arriba España”, por parte de la Coordinadora Antifascista de Madrid y Corriente Roja el 18 de julio de 2006. Fuente http://www.caesasociacion.org


Respecto a esta ley existe un amplio debate, no solo en el espacio público, sino también entre los historiadores. Pierre Nora se posiciona en contra de ésta y todo tipo de leyes memoriales, que en el caso español solo consiguen reabrir heridas cerradas en la Transición. Según él, debido a la aparición en el espacio público del debate sobre las víctimas del franquismo, España vive una guerra civil de memorias (Nora, 2009:73). Tanto Nora como Carlos Teijo se oponen a la investigación de los casos de represión franquista iniciada por el juez Garzón, pues consideran un acto de presentismo que el término “crimen contra la humanidad” se utilice descontextualizado, al aplicarlo retrospectivamente a acontecimientos previos a la formación del derecho penal internacional (Teijo, 2012). Uno de los problemas más graves de la ley es el reconocimiento de “un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano” sin tener en cuenta que la memoria debería ser un derecho colectivo en tanto que contribuye a la reparación del tejido social dañado por la violencia y a la construcción de un futuro como sociedad. Sin embargo esta ley y las políticas de memoria del Estado han contribuido enormemente a que se tenga en cuenta a las víctimas, a que exista mayor investigación de la violencia, al descubrimiento y apertura de fosas comunes o la reparación de los familiares. Aunque la ley de 2007 no soluciona todos los problemas, sí supone un gran avance simbólico en la superación de un pasado traumático.

 

La demanda social de memoria: el interés por la recuperación de la memoria

Todos los autores coinciden en afirmar que existe una presencia significativa en la sociedad de la cuestión de la memoria de la guerra y la dictadura en España, y que además, según Aróstegui, está todavía pendiente un decisivo y gran debate sobre ello. Uno de los problemas que dificultan la reflexión es que la memoria de la guerra está condicionada por su referencia directa a la explicación del régimen que devino después (Aróstegui, 2006).


Por una parte, los discursos de la memoria impuestos durante el franquismo presentan un notable rechazo en una gran parte de la sociedad, dada la cantidad de investigaciones que han puesto de manifiesto la manipulación histórica del régimen. Los familiares de las víctimas, con el paso de los años han ido perdiendo el miedo al recuerdo de los hechos traumáticos y al de aparecer en el espacio público, ahora con la seguridad de poder expresarse libremente y con el apoyo de multitud de colectivos. Algunos de los éxitos de las políticas de memoria, como la retirada de símbolos de la dictadura o las campañas de exhumaciones, han contribuido a formar la idea de que es posible la reparación y la superación de un pasado conflictivo.


Por otra parte, Lourenzo Fernández Prieto apunta que el discurso de la reconciliación característico de la Transición ha entrado en crisis en las últimas décadas y se producen actualmente guerras de memorias, lo que imposibilita construir una memoria colectiva democrática (Fernández Prieto, 2012). No solo resulta injusto el reparto de culpas a partes iguales, sino que la idea del silencio como base de la democracia es en realidad una dificultad para la misma, pues el miedo a contar las experiencias ha retrasado la superación de los traumas y la plena democratización del país. La mayoría de iniciativas de recuperación de la memoria responden a un interés de la generación de los nietos por conocer la historia familiar; una generación que no ha nacido en un contexto de miedo perenne y que busca respuestas a temas que han sido tabú durante años. Como señala Carme Molinero, las generaciones que no vivieron los acontecimientos traumáticos deben saber qué pasó, pero sobre todo, por qué y para qué, para lo cual, tampoco la explicación histórica puede basarse solo en la intensidad de la represión sino también en la comprensión del proceso en toda su complejidad (Molinero, 2006). Muchas de estas personas sienten el deber de memoria hacia un pasado que durante muchos años ha estado ausente, y ahora, con una democracia más asentada, pueden buscan respuestas utilizando todos los medios a su alcance.


Aunque muchos expertos, como José Luis Ledesma, Francisco Espinosa o Francisco Etxebarría, reconocen las aportaciones que estas iniciativas tienen para la historia y el empuje que suponen para el conocimiento, Henry Rousso o Santos Juliá se mantienen críticos con este tipo de movimientos surgidos en un contexto de explosión de la memoria. Rousso advierte del peligro que supone la conversión del fenómeno de la memoria en una especie de religión laica, si la memoria empieza a estar más solicitada que la historia. En muchas ocasiones, afirma, se produce un asedio a la escena pública por parte de los excluidos de la Historia, que además se apropian de un pasado del que se consideran apartados (sobre todo en el caso de las minorías). De ahí que ciertos grupos tiendan a querer escribir su historia ellos mismos, fuera de los circuitos habituales, oficiales (Rousso, 2007). Incluso critican la idea del sentimiento de deber de memoria que en ocasiones tienen las generaciones más jóvenes, que sin haber vivido los acontecimientos de los que hablan, pretenden recuperar una memoria que les ha llegado de forma indirecta y por lo tanto, sesgada. Pero la memoria transmitida, no tiene por qué estar manipulada ni considerada menos válida que la memoria de un hecho vivido. Quienes han vivido con una historia familiar trágica de la que poco se ha sabido o no se ha querido hablar, ahora buscan comprender y reclaman explicaciones al Estado y a los expertos.


Por su parte Santos Juliá afirma que los movimientos de recuperación de la memoria histórica cambian la invisibilidad de unos por la de otros (Juliá, 2007). Incluso Ranzato habla de una revancha de los vencidos para referirse a las nuevas obras cinematográficas, como las de Berlanga o Garci, que aparecen tras la eliminación de la censura en 1977, cuya visión extrema de la guerra como una lucha de clases, no deja espacio a las figuras moderadas (Ranzato, 2007:78). Sin embargo, quienes buscan un espacio en el recuerdo, pidiendo que no se olviden sus experiencias y sufrimientos, no suelen hacerlo desde una postura de venganza o revanchismo. Tampoco tratan de imponer una determinada memoria sobre otras, solo reclaman reconocimiento de los actos injustos llevados a cabo por el Estado franquista y que se haga justicia con quienes los cometieron. Dado que durante tantos años se silenció su realidad, muchos ciudadanos tienen una visión parcial de los hechos, condicionada por la memoria impuesta durante la dictadura. Por ello, las iniciativas de recuperación de la memoria tienen una gran vertiente didáctica, pues insisten en la importancia de que se difundan las atrocidades para que sean conocidas por todos y sirvan para crear una conciencia crítica y de antídoto frente a los intentos de manipulación de la historia.

 

Exhumaciones de fosas

Uno de los lugares de memoria que más controversia política, social e historiográfica ha suscitado son las fosas comunes que albergan víctimas de la violencia de este periodo, no solo de la guerra, sino también de la dictadura. La importancia de honrar a los muertos no es nueva, pues José Carlos Bermejo señala que desde tiempos antiguos las sociedades han construido parte de su identidad a través del tratamiento de los cadáveres, sobre todo los de víctimas por muerte violenta. Para los griegos, dejar los cuerpos olvidados después de una batalla era el máximo signo de inhumanidad y de castigo a su memoria, pues consideraban que la forma de conseguir la inmortalidad era a través del recuerdo de familiares y amigos (Bermejo, 2012). Esta idea se relaciona con la intención de quienes ejecutaron la represión durante el franquismo, de echar los cuerpos inertes en fosas comunes donde, según Ferrándiz, hay mezclados cuerpos intencionadamente, pues están orientadas al silenciamiento y desorientación de las memorias no oficiales para consolidar un régimen de opresión y miedo (Ferrándiz, 2007). Con esto, se buscó la desaparición física y también de la memoria, como si todas esas personas nunca hubieran existido.


Las primeras exhumaciones de fosas comunes se realizaron en 1979, aunque con gran carencia de recursos y personal, algo que intentó corregir el Estado con la ley de 2007. En ella prevén ayudas económicas para quienes desean recuperar el cuerpo de algún familiar y se regulariza el proceso de exhumación para evitar arbitrariedades. A pesar del trabajo que se ha hecho desde entonces, existen todavía muchas fosas sin abrir y otras que ni siquiera están localizadas. Hoy, la ausencia de fondos estatales y la falta de implicación del Estado han obligado a los familiares a autofinanciarse, algo denunciado por quienes trabajan en estos ámbitos. Las campañas que se realizan adolecen de falta de financiación y dependen muchas veces de la participación de voluntarios. Sin embargo, se consiguen importantes resultados gracias a la gran implicación de los profesionales y voluntarios que trabajan sin una remuneración adecuada e incluso aportando recursos propios. Además debe señalarse que, a las dificultades económicas, se añaden las de tipo administrativo que muchos gobiernos locales ponen a estas iniciativas, impidiendo o dificultando que se lleven a cabo.

 

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Los falangistas se llevaron a 29 vecinos de Cervera (26 hombres y tres mujeres) a este paraje en El Carrascal de Villaroya. En 1978 exhumaron los restos. Imagen de Jesús V. Aguirre. Fuente: elpais.com

 

Tanto en la sociedad como en el mundo académico existe un polémico debate acerca de la apertura o no de las fosas en que autores como Ranzato, Segura o Juliá manifiestan sus dudas sobre si realmente esto contribuye al recuerdo de las víctimas al deshacer ese espacio de memoria. Santos Juliá argumenta que la exhumación no siempre prueba que [los cadáveres] yacieran olvidados ni su traslado a un cementerio sea tal vez la mejor política para conservar la memoria del crimen (Juliá, 2006:72). Tanto Juliá como Segura ven en muchas exhumaciones de fosas un sinsentido debido a la dificultad de identificar los cuerpos, sobre todo en las del frente de batalla, pues solo deberían hacerse si existen posibilidades reales de identificarlos (Segura, 2009). Sin embargo, esta idea tropieza con el derecho de los familiares a realizar el duelo y enterrar a sus muertos. Por su parte Ranzato cree que las exhumaciones no podrán cambiar la decepción con la justicia durante la Transición, por lo que esta frustración continuará compensándose con la exaltación acrítica de las víctimas que, según él, ocurre hoy y que no beneficia a la estabilidad democrática (Ranzato, 2007). Para él, las memorias de las víctimas no pueden servir para curar heridas, pues solo avivan los resentimientos contra los verdugos y no tienen en cuenta que también ellos tuvieron sus muertos (Ranzato, 2012). Así, exculpa en cierta medida a quienes ejercieron la violencia durante la guerra justificándola como una venganza y no tiene en cuenta ni la dimensión de la represión ni su extensión pasado el conflicto. Santos Juliá cree que el argumento de que las víctimas de la represión republicana fueron ya honradas y reparadas, a través por ejemplo de la Causa General, es un arma para la lucha política. En su opinión no se ha tenido en cuenta a los muertos de los dos bandos en igualdad de condiciones, pues las víctimas de la represión republicana están cayendo en el olvido como consecuencia de las iniciativas de recuperación de la memoria histórica, que tratan de imponer la memoria de los vencidos (Juliá, 2006).


Por otra parte, expertos como Ferrándiz o Etxebarría en contacto directo con las campañas de exhumación, creen que, mientras sea posible, es fundamental realizarlas incluso sin la implicación y financiación del Estado, debido al gran impacto que los cuerpos mutilados o las marcas de violencia tienen en la sociedad y la política. No se trata tanto de hacer de éstos un espectáculo, sino de hacer que la ciudadanía tome consciencia del calibre de la violencia y de la necesidad de que haya justicia con las víctimas. Se trata en muchos casos de una revisión incómoda del pasado reciente que revela las carencias en la gestión colectiva y el fracaso o, al menos, cuestiona la credibilidad y estabilidad de la ley de amnistía y de los pactos políticos a la hora de contener este impulso memorístico (Ferrándiz, 2007). Lo que hay enterrado en las fosas no son armas ni venganzas que puedan ser utilizadas para crear nuevos conflictos; son personas cuyas familias no pueden pasar el duelo personal ni colectivo de enterrarlas. No se está retomando una situación de guerra ni enfrentamiento; excavar las fosas es excavar la memoria (cit. Standford en Ferrándiz, 2007). Para muchas personas que han pasado décadas sin saber qué fue de sus familiares, adónde yacen los cuerpos o por qué fueron asesinados, el hecho de saber, comprender lo que ocurrió y enterrarlos debidamente es fundamental para superar los traumas y que el pasado por fin pase.

 

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Pancarta de Ceaqua, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). Fuente diagonalperiódigo.net


Bibliografía

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