ENTRE LINDE Y LINDE. 12 de junio de 2013

 

NUEVAS NORMAS PARA LA ARQUEOLOGÍA EN CASTILLA-LA MANCHA

Luis Benítez de Lugo Enrich *

* Asociación Profesional de Arqueología y Patrimonio de Castilla-La Mancha, www.apapclm.es


El pasado mes de mayo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de la región.
Este nuevo texto legal viene a sustituir a la vetusta Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, que fue un hito en su momento por ser la primera ley regional en ser aprobada por una comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias sobre esta materia. Se aprobó antes, incluso, de esperar a una sentencia del Tribunal Constitucional que en 1991 modificó en cierta medida los niveles competenciales sobre el Patrimonio Histórico de las comunidades autónomas. Según criterio general de diversos expertos se considera que esta antigua ley fue precipitada y la menos elaborada de todas las que fueron surgiendo a partir de ese momento en la diferentes comunidades autónomas, destacando la escasez de novedades de este texto legal con respecto a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de la cual en ocasiones llegó a ser una mera copia literal. Aquella ley, redactada a finales de la década de los ochenta, nunca llegó a ser complementada, durante sus más de dos décadas de vigencia, con un desarrollo reglamentario; un reglamento que hubiera quizás servido para solventar las deficiencias iniciales de la ley, incrementadas con el paso de los años por el dinámico panorama del sector arqueológico.


En anteriores legislaturas los profesionales de Castilla-La Mancha asistimos, esperanzados, a varios conatos de redacción de una nueva ley de Patrimonio o de un reglamento para la ley existente. Fueron todos intentos fallidos, que implicaron el pago de honorarios a gabinetes jurídicos externos o a expertos procedentes de universidades (no de la castellano-manchega). Estas tentativas no culminadas pusieron en evidencia la falta de conciencia e interés real de aquel Gobierno regional a la hora de dotar al Patrimonio de unas herramientas jurídicas y administrativas modernas, comparables a aquellas de las que se habían dotado otras comunidades autónomas. La promulgación ahora de la nueva Ley 4/2013 en el ecuador de la legislatura es la mejor prueba de que "querer es poder", como reza el refranero castellano.

Al ser el panorama jurídico de partida de pobreza y escasez, las aportaciones que Ley 4/2013 ha traído a Castilla-La Mancha resultan importantes. Por motivos de espacio no podemos entrar al análisis de su contenido, cuestión que abordaremos en un texto más extenso, cuyo borrador por el momento puede visualizarse en la sección de "Opinión" de la página web de la Asociación Profesional de Arqueología y Patrimonio de Castilla-La Mancha (www.apapclm.es).

Como consideración general es posible señalar que esta nueva Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural multiplica los instrumentos jurídicos con que se dota a la Administración competente en la conservación y protección del Patrimonio Cultural.
Lo que está por ver es que la Administración regional cambie con esta nueva ley su conducta habitual, frecuente en estos años de atrás, de transigir con expolios y destrucciones. Fue el caso de las escandalosas que hemos conocido en los últimos lustros de poblados prehistóricos enteros (caso de las excepcionales motillas) removidos con maquinaria pesada porque molestaban para instalar un pivot de riego encima de un acuífero sobreexplotado; o para conseguir más superficie en la que plantar girasoles; o de la destrucción de una necrópolis en Toledo para construir un centro artístico en el caso del Quixote Crea, por poner sólo algunos ejemplos. Ante este tipo de sucesos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no sólo evitó abrir expediente de cualquier tipo o sancionar a agricultores o constructoras, sino que también eludió personarse cuando se abrieron diligencias penales abiertas con motivos de éstos expolios, algunos de los cuales finalmente resultaron sobreseídos por la falta de denunciantes cualificados ante el juez en materia de Patrimonio Histórico. El Gobierno regional debe cambiar esta actitud, además de la ley.


En Castilla-La Mancha no ha habido prácticamente oposición social a la aprobación de la nueva ley de Patrimonio, pues era una norma largamente esperada. El nivel de oposición a esta ley se encuentra lejos del rechazo suscitado por la vecina Ley de Patrimonio Histórico que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar, con la crítica pública y unánime del Colegio Profesional de Arqueólogos de Madrid, de la Asociación Madrileña de Trabajadoras y Trabajadores de la Arqueología o la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, entre otros colectivos. Aún siendo la castellano-manchega y la madrileña dos normas jurídicas creadas por el mismo partido político y en un momento similar el resultado es claramente diferente. Las críticas vertidas sobre el texto madrileño (desprotección del Patrimonio, desmantelamiento de un modelo eficaz de gestión, etc.) no son extrapolables al caso castellanomanchego. La nueva norma de Castilla-La Mancha es un instrumento moderno, innovador y que supone una clara mejoría con respecto a la situación existente en legislaturas anteriores. Por ello hemos de felicitarnos y esperar que la nueva ley funcione como de ella se espera: siendo aplicada por el Gobierno y la Administración regionales realmente a la protección, fomento y puesta en valor del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Deja tus comentarios

0
Faltan claves reCAPTCHA
terminos y condiciones.
  • No se han encontrado comentarios
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com