LA LINDE, 7-2016.

Construyendo Memoria Social:

 

MEMORIA HISTÓRICA.

LA PLATAFORMA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA

                                           

Ofelia Vila Hernández. Sindicalista, feminista y militante antifascista.


Plataforma querella argentina 2

Reunión de la Plataforma del País Valenciano de Apoyo a la Querella Argentina en la Sala Vinatea de Les Corts Valencianes (12 febrero de 2016)

 


Después de mucho tiempo en el que el silencio represor se extendió como un manto sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la época franquista. Por primera vez, el 27 de Enero de este año de 2016, en las Cortes Valencianas, en el día de Homenaje a las víctimas del Holocausto, representantes de las distintas asociaciones de la Memoria Histórica pudimos exponer nuestras reivindicaciones.

 

Día histórico, ese 27 de Enero. Un día muy esperado en el que por primera vez en público y con la dignidad que nos concedía estar en las Cortes Valencianas, solicitamos verdad, justicia, reparación, memoria y castigo a los culpables por los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la Dictadura de Franco y que no han prescrito, a pesar de los intentos de olvido que algunos han utilizado, falsamente amparados por la Ley de Amnistía de 1977. Basándose en ella, se ha impedido investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Dictadura franquista. Sin embargo, y de acuerdo con la Justicia Universal, los crímenes de lesa humanidad, no prescriben nunca.

 

Ya en los lugares donde triunfa la Rebelión Militar contra el Gobierno, legítimamente constituido de la II República española, se llevaron adelante toda una serie de "depuraciones", de una manera indiscriminada, en razón de ideología, etnia, religión u orientación sexual, como aquella mañana se relató en las distintas intervenciones. Estas prácticas, terminaron con la vida de una ingente cantidad de personas que mantenían inalterables sus principios. Todavía no sabemos donde están algunos de los cuerpos de estas víctimas del holocausto.

 

Con el triunfo de los sublevados, se vertebró un régimen represor mediante la promulgación de un entramado legislativo e institucional, coordinado y especializado para doblegar a los denominados “enemigos de España”. Como los Consejos de Guerra, la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, etc.

 

Amparados por este cuerpo legislativo, se produjeron durante más de 40 años violaciones masivas de los derechos humanos. La represión fue terrible y constante y así se cometieron delitos como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, robo de niños y niñas, agresiones sexuales, trabajos forzados, internamientos en campos de concentración, etc.

 

Por ello, acudir a las Cortes Valencianas y denunciar las situaciones que, en la dictadura Franquista, se habían vivido, fue empezar a reparar la anomalía que significa la desmemoria sobre el holocausto español, que fue el prolegómeno del genocidio nazi.

 

Desde las distintas Plataformas de la Memoria histórica, solicitamos que el Parlamento se pronunciara en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo y se requiera a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, en todos sus niveles, para que se remuevan los obstáculos que impiden la reparación de las víctimas, el reconocimiento pleno de sus derechos, la investigación judicial de los hechos y juzgar a los responsables.

 

Brindamos nuestro apoyo a la actividad que vienen realizando las Comisiones de Memoria Histórica que se han organizado en el Ayuntamiento de Valencia y en las Cortes Valencianas, en cuanto accedió al poder el nuevo gobierno.

Plataforma querella argentina

Reunión de la Plataforma del País Valenciano de Apoyo a la Querella Argentina en la Sala Vinatea de Les Corts Valencianes (12 febrero de 2016)

 

La primera iniciativa judicial de las víctimas del franquismo que tuvo transcendencia fue la presentación de varias denuncias y querellas por víctimas, asociaciones de victimas, organizaciones de derechos humanos y sindicatos. El 16 de Octubre de 2008 el juez Baltasar Garzón la admitió a tramite, pero el Tribunal Supremo, no solo paralizó la investigación, si no que ordenó el procesamiento del juez.

 

Desde el año 2010, se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires la denominada “querella argentina”. Único procedimiento judicial en el mundo que investiga y enjuicia los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, en virtud del principio de Justicia Universal. Y que ha dictado más de 20 órdenes de detención y extradición contra ministros franquistas, ex-policías, guardias civiles y jueces, pero la Audiencia Española ha rechazado, hasta la fecha, la puesta en práctica de estas órdenes. Quede constancia de nuestro reconocimiento a la valiente y responsable jueza argentina María Servini de Cubria que mantiene abierta la causa contra los responsables del holocausto franquista.

 

Las recientes palabras de la hermana de Salvador Puig Antich, en un acto de reconocimiento a la memoria de su hermano en Barcelona, evidencian el sentir de todas nosotras y nosotros:

"No hemos encontrado justicia en un Estado que se autoproclama democrático. No hemos conseguido en todo este tiempo que se reabriera la causa judicial, que se reconocieran las irregularidades cometidas y que se reparara, en la medida de lo posible, los crímenes cometidos. Todo esto no ha sido posible en el Estado español. El poder franquista en las altas esferas de la Justicia es muy poderoso. Por eso hemos depositado toda la esperanza en la querella argentina".

"Persiste la impunidad de los crímenes del franquismo porque no se ha pedido perdón, porque no se han revisado aquellos procesos judiciales", ha denunciado. Tras diversos recursos para abrir el caso que han sido desestimados en España por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la justicia argentina lo reabrió en 2014 por delitos contra la humanidad. Sin embargo, el gobierno del PP "no ha aceptado la petición de extradición de muchos responsables de aquellos crímenes".
"No olvidaremos, no por venganza, sino por justicia y dignidad".

 

Como represaliada por el franquismo, también, al lado de mis compañeras y compañeros he ido a la justicia argentina a presentar la denuncia por la salvaje represión que se sufrió en la Universidad de Valencia en Abril de 1971. Acontecimientos que narro a continuación porque es importante que no se pierda el relato de los hechos y su autentica transcendencia, convencida de que la conservación de la historia de los pueblos, su resistencia y su lucha, es lo que nos dignifica.

 

Mucho tiempo ha pasado desde aquella nefasta fecha del 23 de Abril de 1971. Mucho tiempo, 42 años, pero los recuerdos de aquella brutal y dura agresión permanecen nítidos. Mucho tiempo, demasiado, para poder reclamar que se abriera una página oscura de la historia de este país y poder colocar a las personas que protagonizaron la página de esta historia en el lugar que les corresponde. A unos y unas luchando por la libertad y la justicia social y a otros cercenando las ansias de libertad con salvajes métodos propios de lo que en aquel momento padecíamos en España, una Dictadura totalitaria que impedía cualquier manifestación de lo que no fuera su propio pensamiento.

 

Ese 23 de Abril de 1971 la Brigada Político Social (BPS) de Valencia detuvo a varios estudiantes que estaban fichados por significarse en su lucha contra la dictadura. Hay que tener en cuenta que las universidades eran de los pocos reductos donde existía una cierta libertad de expresión, donde se podían hacer asambleas informativas de la situación política que vivíamos, denunciando los brutales métodos que se utilizaban para mantener el régimen dictatorial. Fue una redada preventiva porque se aproximaba el 1 de Mayo y sabían que se producirían una serie de acciones rápidas y clandestinas, como hacíamos siempre en esta fecha emblemática para la clase obrera. En aquel momento se había decretado un Estado de Excepción y, en consecuencia, quedaban en suspenso los Derechos recogidos en el Fuero de los Españoles. Por ello, la policía política podía tener en comisaría a las personas detenidas el tiempo que necesitaran para arrancarles una confesión inculpatoria. Por supuesto sin asistencia letrada ni sanitaria y sin ningún contacto con el exterior.

 

Los primeros estudiantes detenidos ese 23 de Abril, sufrieron despiadadas palizas, intentos de ahogo, amenazas contra las familias de los torturados, como cómplices de su actividad. Torturas tanto físicas como psicológicas que, en un vano intento de evitarlas, provocaron que hablaran y denunciaran a otros compañeros y compañeras, que fueron también detenidos y torturados con una crueldad y sadismo propios de cualquier otra policía política. La BPS logró desmantelar el aparato de la célula del Partido Comunista de la Universidad de Valencia. Parte de los integrantes estaban detenidos y el resto de las personas que militábamos en esta organización, tuvimos que hacer lo posible para "pasar desapercibidas".

 

Después de 14 días en comisaría, las personas detenidas comenzaron a pasar por los juzgados y se les tomó declaración. A pesar de retractarse de lo que habían firmado y de denunciar que la confesión que el juez tenia había sido arrancada por las terribles las torturas sufridas, el juez los mandó a prisión preventiva en la Cárcel Modelo de Valencia. Este paso a la cárcel, fue una autentica liberación. Allí ya podían tener contacto con los abogados defensores, con las familias y compañeros y compañeras. De mucho apoyo les sirvió también el encontrarse en la cárcel con otros presos políticos que estaban cumpliendo condena.

 

Solo uno de ellos tenía señales de las torturas, dada su complexión y como estaba cumpliendo el servicio militar, fue entregado a los mandos militares antes de pasar a prisión y, en esa semana que estuvo en semilibertad, intentó que algunos médicos certificaran las secuelas de las torturas sufridas. Pero en aquella sociedad, estaba instalado el miedo y ningún facultativo de la sanidad pública, quiso certificar lo que veía. Únicamente un médico pediatra, Vicente Uribe, tuvo la valentía de emitir un certificado médico oficial, recogiendo en él, lo que se observaba, puesto que tenía el abdomen completamente negro por los golpes recibidos. Este certificado médico, avaló la denuncia presentada contra la BPS en un juzgado municipal por torturas. El juez titular de dicho juzgado, le dio curso y aunque sin tardar fue sobreseído el caso, consta la apertura de procedimiento que ha servido ahora para avalar las denuncias presentadas ante la justicia argentina y también fue un arma de defensa en el juicio que en 1975 se vio en el Tribunal de Orden Público (TOP) de Madrid, contra 12 compañeros y una compañera de la Universidad de Valencia por asociación ilícita y propaganda ilegal.

 

Las penas solicitadas iban de 2 a 6 años de prisión. Posiblemente el momento histórico de celebración del juicio ante el TOP, avanzado el año 1975 época en que la dictadura estaba en decadencia por la avanzada edad del dictador y las presiones internacionales para que se produjera una apertura, contribuyeron a que la mayor parte fueran absueltos y las penas que dicto el tribunal, al ser inferiores a dos años, no implicaron cumplimiento de condena.

 

Estos torturadores, con arrogancia y chulería propias de la policía política, informaban a los detenidos que cuando cambiará la situación política, estarían formando parte del cuerpo policial, como funcionarios que eran. Lamentablemente así sucedió. Ninguno de ellos fue retirado del servicio. Es más alguno de ellos fue ascendido y responsabilizado de tareas de la defensa del Estado. Denuncio públicamente sus nombres, como ya hizo el periódico clandestino La Verdad, que en Enero de 1972 publicó sus nombres, dirección y teléfono:


Manuel Ballesteros García
Benjamín Solsona Cortes
Ángel Castellano Domínguez
Jacinto López Acosta

 

Se cumplió lo que estos individuos decían a los demócratas que fueron detenidos y así, Manuel Ballesteros García, siendo Presidente de Gobierno Felipe González, fue nombrado el Jefe de la UMA (Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista) y Benjamín Solsona Cortes, llegó a ser Jefe Superior de la Policía de las Islas Baleares.

 

Estos son los nombres que hemos denunciado en el Consulado Argentino, los días 29 de Noviembre y 2 de Diciembre de este año. Allí estuvimos todos y todas: la gente que fue procesada y la que no lo fuimos, pero vivimos los hechos que se narran. En todo momento fuimos atendidos por la Cónsul de Argentina con proximidad, respeto y facilitándonos la tarea que, después de 42 años, nos llevó a Madrid para que los torturadores de la época franquista , no quedaran impunes, y aunque alguno de ellos ya ha muerto y no pueda ser llamado a declarar, tenemos la obligación de aclarar esta oscura etapa de la historia más reciente para que quede constancia de ello y, si se puede, se haga justicia con la gente que luchó contra una sanguinaria dictadura que perduró demasiado en nuestro país. Tener constancia de ello, puede significar que se adopten las medidas necesarias para que no nos vuelva a ocurrir.

 

Es de justicia resaltar la valentía de la jueza argentina María Servini y de sus colaboradores y colaboradoras, porque, para vergüenza y oprobio de toda la gente demócrata de nuestro país, ha sido la única que ha utilizado las medidas judiciales necesarias para devolver a la historia la realidad de los hechos que ocurrieron bajo la dictadura fascista de Franco y con ello, la tranquilidad a muchas personas que durante años exigieron, sin prácticamente ningún resultado, restaurar la memoria de quienes sufrieron torturas, vejaciones, coacciones y perdida de la vida, a manos de aquella temible Policía Político Social que actuaba con total impunidad y que después de la muerte del Dictador, incluso fue premiada por sus hechos. Es una página oscura de nuestra historia que, la jueza argentina, está empeñada en aclarar.

 

Como demócrata y militante antifranquista, organizada en las filas del Partido Comunista, entonces en la clandestinidad, vaya por delante mi agradecimiento a este ejemplo de mujer que ha posibilitado que después de 42 años, la gente que fue torturada pueda denunciar a sus torturadores. Y merecedores de estos agradecimientos es el equipo de "La Marea" que han hecho lo posible e imposible por desenmascarar a los infames torturadores. Implicándose directamente en los hechos que les hemos narrado y poniendo todos sus medios, tiempo y trabajo para denunciarlos, pero sobre todo, por su proximidad, interés y disponibilidad mientras han ido elaborando ese brillante trabajo que ya ha salido a la luz.

 

Los acontecimientos que acabo de narrar, crearon unos fuertes lazos de amistad entre las personas que integrábamos la estructura del Partido Comunista de la Universidad de Valencia, y con el tiempo hemos creado el Memorial 23 de Abril. Hemos participado en diferentes actos y estamos en contacto con las organizaciones de la Memoria Histórica del País Valencià. Tenemos la característica común de pertenecer la inmensa mayoría a CCOO del País Valencià y hemos tenido la ventaja de poder utilizar la documentación del Archivo Histórico de nuestro sindicato en el que se guarda, entre otra mucha e importante documentación, la relativa al proceso del Tribunal de Orden Público (TOP), cuya vista tuvo lugar en junio de 1975, periodo de franca decadencia de la dictadura.

 

Esta documentación fue donada por uno de los más prestigiosos abogados laboralistas del PV y que, además de ser detenido y torturado por la policía franquista, llevaba siempre los casos políticos e implicaba a otros abogados para que se hicieran cargo de estos procesos. Me refiero a Alberto García Esteve.

 

Al tener conocimiento de la causa que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires (Argentina), y después de algunas reuniones en las que se analizó la posibilidad de la denuncia, la mayor parte de la gente que fue detenida y también la que no habíamos sido detenida pero pertenecíamos al Partido Comunista de la Universidad de Valencia en aquel momento, vimos la oportunidad, después de 42 años, de denunciar y clarificar esa parte oscura de la historia que se han empeñado en ocultar.

 

Fue mucho el tiempo que la Brigada Político Social y terribles los métodos que emplearon para sacar la información a las personas detenidas, por ello la célula del Partido Comunista de la Universidad de Valencia, quedó desmantelada y la gente que no fuimos detenida, tuvimos que “pasar desapercibida”.

 

El goteo de detenciones fue constante y después de 14 días en Comisaría, los detenidos comenzaron a pasar a la Cárcel Modelo de Valencia en prisión preventiva. Para todos ellos, su ingreso en prisión fue un autentico alivio, puesto que, a pesar de estar privados de libertad, pudieron estar juntos, tener reuniones con sus abogados y ver a sus familiares, aunque fuera desde la distancia.

 

Entonces supimos que uno de los detenidos fue llevado al Hospital General, porque, en una sesión de torturas, perdió el conocimiento, sin embargo, cuando hemos querido rastrear la documentación de entrada en el hospital, no quedaba ni rastro, dado que la BPS, se encargó de borrar cualquier rastro de sus métodos asesinos.

 

Hay que reparar a toda esa gente que luchó por las libertades y contra la dictadura y colocar en el lugar que les corresponde en la historia a los torturadores que sirvieron al régimen fascista y contribuyeron a su prolongación.

 

A nivel estatal, se ha creado una Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), a raíz de las primeras denuncias, presentadas en 2010 por familiares de asesinados y desaparecidos durante el franquismo ante los tribunales de justicia argentinos para que juzguen el “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista”. Esta querella se realiza bajo el amparo del principio de justicia universal que permite a órganos judiciales de un Estado investigar crímenes cometidos en otros países, aunque no afecten a sus intereses ni a sus ciudadanos. “El único límite es que los responsables de los ilícitos hubieran sido ya juzgados en otro país, en el del crimen o en cualquier otro”, explican desde CeAQUA en su portal web (www.ceaqua.org).

 

Consulado Argentina 
Asociación Memorial Democrático 23 de abril y Asociación Represaliados de la Dictadura Franquista ante el Consulado y Embajada de Argentina (diciembre 2012)

 Quiero recoger las palabras de Chato Galante, un represaliado por el franquismo y miembro de dicha Coordinadora, que pone en valor el trabajo realizado por esta entidad a la que pertenece, y que ha llevado el asunto al Parlamento Europeo, a ayuntamientos y a parlamentos autonómicos: “Las víctimas del franquismo son tan dignas de respeto y apoyo como las del terrorismo”, sostiene, y valora positivamente que los tribunales argentinos sean “el único proceso abierto contra el franquismo”, algo que espera que se amplíe una vez presenten las mociones en los distintos ayuntamientos de las provincias. La intención es, donde salgan adelante las mociones, llevar el asunto a los juzgados territoriales y “comunicárselo al tribunal argentino”. “Estamos planteando una pelea, no que nos lo vayan a regalar. No voy a firmar que vamos a ganar, empecé con 17 años y tengo 67, y he ganado muy poco, pero hay que seguir peleando”, apunta Galante.

 

Uno de los abogados que trabaja con CeAQUA explica que pretenden que los tribunales califiquen los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, es decir, como “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”. Algo que, de materializarse, permitiría que no prescriban los delitos y que puedan ser juzgados.

 

Continuar con el empeño de procesar a los torturados y asesinos y restaurar la memoria de quienes padecieron la persecución e incluso la muerte por defender sus ideas para restablecer un orden más justo en el mundo, nos compromete a todos y todas en esta labor de denuncia de esa página oscura de nuestra historia más reciente, que es necesario aclarar e incorporar en aras de la fiabilidad histórica y el reconocimiento de todas aquellas personas que dejaron su vida en la lucha por la libertad y la justicia.

 



 




 

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